Las mujeres y los hombres con alguna discapacidad tienen la posibilidad de ejercer su sexualidad.

La discapacidad es un grave problema de salud pública, lamentablemente se ha incrementado progresivamente en los países desarrollados, por lo que afecta a una gran parte de la población mundial y su magnitud se evidencia por las repercusiones en la familia y en la sociedad, con franco deterioro en la calidad de vida, un incremento en los costos de atención medica y una sobrecarga económica y social. Se estima una prevalencia de 10 millones de personas con discapacidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque pocas veces llama la atención, las mujeres y los hombres con alguna discapacidad tienen la posibilidad de ejercer su sexualidad; por desgracia la sociedad ha tardado en reconocer esta situación, y aun cuando algunas alteraciones físicas pueden repercutir en el ejercicio de sus prácticas sexuales, con el apoyo de personal capacitado y de actitudes sociales y profesionales libres de prejuicios y de miedos, tal situación puede resolverse con buenos resultados.

Anticoncepción y discapacidad

La discapacidad no constituye un factor que imposibilite las prácticas erótico-afectivas y por lo tanto el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de estas personas. Pero al mismo tiempo ha sido un proceso complejo romper con los estereotipos sociales ya que inclusive a últimas fechas las mujeres y hombres con discapacidad deben enfrentar obstáculos, sobre todo relacionados con el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Por otro lado es notoria la ausencia de investigación e información que dé cuenta de estas necesidades de quienes presentan alguna discapacidad.

Aunque en los últimos años ha cobrado importancia la necesidad de integrar este sector de la población a todas las esferas de la vida cotidiana, en nuestro país los programas destinados a tal fin se han centrado principalmente en propiciar mayores opciones y oportunidades educativas para lograr su integración laboral, dejando de lado el reconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos, situación que sólo en pocas ocasiones ha sido abordada y menos aun en el vinculo familiar.

Esto ha significado un avance importante para prevenir y tratar las consecuencias de la coerción y discriminación que las personas con discapacidad continúan viviendo en materia del control de su reproducción y del disfrute de una sexualidad saludable.

Es importante poner en práctica las medidas necesarias para eliminar la discriminación, para garantizar el derecho a elegir libremente el número de hijos, el intervalo entre éstos y el acceso a la información al respecto, a disponer de los medios para ello y con esto poder alcanzar el derechos al nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; así como consolidación del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos básicos y además continuar avanzando en el tema de la salud sexual, incluyéndose como violación a estos derechos la violación marital, el aborto o la utilización por la fuerza de métodos anticonceptivos incluyendo la esterilización, situaciones que con frecuencia enfrentan en especial las mujeres con discapacidad.

Es todavía una postura generalizada en nuestra sociedad que las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para establecer relaciones erótico-afectivas o se a los considera como personas asexuadas. Muchos discapacitados desean y pueden tener hijos por lo tanto es posible que deseen usar la anticoncepción temporalmente.

Por lo tanto, es importante considerar las características particulares de las personas con discapacidad para establecer los criterios de atención a la salud sexual y reproductiva en especial a los requerimientos de planificación familiar es imprescindible adoptar medidas para eliminar obstáculos que garanticen el acceso a la información y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en completa igualdad con las personas no discapacitadas así como servicios médicos de calidad desde un punto de vista técnico y de infraestructura tomando siempre en cuenta sus necesidades específicas.

Las opciones anticonceptivas dependerán de factores como las condiciones generales de la salud generadas o asociadas a la discapacidad, las posibles interacciones farmacológicas con otros medicamentos que la persona esté tomando, por ejemplo si la persona está deprimida o sufre de crisis convulsivas.

En esencia se trata de desarrollar que los profesionales estimen, valoren y potencien las capacidades de cada persona según la discapacidad que posea, estos conceptos ayudan a entender la gran diversidad de las situaciones especiales a las que se puede enfrentar el profesional y ante las cuales hay que estar preparado como la de los pacientes, ciegos, hipoacúsicos, con parálisis cerebral, leve retraso psicomotor, pacientes sicóticos, con Síndrome de Down, etc.

La demanda sobre anticoncepción estas provendrán de ellas mismas o de sus cuidadores y, según de donde provenga la demanda, habrá que diseñarse un plan de actuación que contemple el objetivo final sobre limitación de la capacidad fértil estrictamente apegado a los derechos sexuales y reproductivos y soportados en los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos.

Por ejemplo, en el caso de solicitud de métodos permanentes, en estos casos hay que considerar de que la solicitud requiere de informes técnicos o la realización de interconsultas con otros especialistas o profesionales de otras disciplinas (trabajo social, asesores legales, etc.). Esto ayuda a acercarse a la realidad concreta de la persona con discapacidad y a favorecer el reconocimiento de la carencia de conocimientos para apoyar una adecuada decisión y ponerla en el contexto adecuado sobre todo cuando no ha sido solicitado por la persona con discapacidad, hay que valorar si lo que esta pidiendo corresponde a lo que la persona desea o esta dispuesto a aceptar.

Para lograr este propósito se requiere también de una adecuada conserjería en donde se resalten las ventajas, las desventajas, las indicaciones, las contraindicaciones, dosis, vía de administración, forma correcta de uso, interacciones medicamentosas, efectos colaterales, que hacer en caso de uso irregular; así como la forma del seguimiento y control.

Conclusiones

Desafortunadamente muchos prestadores de servicio no están sensibilizados y capacitados para reconocer y aplicar los derechos sexuales y reproductivos en las personas con discapacidad.

Cuando los proveedores de los servicios de planificación familiar ofrecen información y asesoramiento relativos a la anticoncepción, deben tener en cuenta cuestiones médicas relacionadas con diversas discapacidades, es por esto que en materia de la selección de los métodos anticonceptivos en las personas con discapacidad, existen situaciones que obligan al profesional de la salud a actuar con un estricto conocimiento y rigor científico ante cada necesidad.

En los países donde existen programas activos para las personas discapacitadas, los proveedores de servicios de salud cada vez dan más información a las personas que tienen discapacidades. También están aprendiendo a evaluar la función sexual que el paciente tenía antes de que ocurriera la discapacidad en comparación con la función sexual actual, la forma en que la discapacidad influye en la expresión sexual del paciente, las necesidades y el uso de la anticoncepción, y la posibilidad de que el paciente sea víctima de abuso sexual.