Cada centro tiene un costo de 1.6 millones de pesos para construcción y equipamiento
Como una de las estrategias contundentes para controlar el problema de las adicciones, la Secretaría de Salud inició el año pasado la construcción de 310 Unidades de Especialidad Médica (UNEMES) de Adicciones en todo el país, con el fin de ofrecer a la población un modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y promoción de la salud, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad.
Estas Unidades CAPA “Nueva Vida” dan prioridad a la detección temprana de personas con mayor vulnerabilidad y consumidores experimentales para intervenir con ellos y sus familias en forma oportuna, para evitar el desarrollo de abuso o dependencia.
El diseño de las UNEMES es un esquema innovador de inversión que pretende alcanzar una cobertura integral, particularmente en el rubro de alta especialidad. Prevé un programa médico de servicios ambulatorios de salud para disminuir la demanda y los costos de operación en los hospitales.
Además de enfocarse a la prevención y promoción, también se otorga apoyo psicológico tanto a los pacientes como a sus familiares, basado en programas establecidos por el cuerpo médico y de trabajo social de la unidad y, en caso necesario, subrogarán tratamientos para enfermos crónicos.
Las drogas legales e ilegales constituyen un problema de salud, toda vez que ocho de las 10 primeras causas de defunción se asocian con el consumo de alguna sustancia psicoactiva, con elevados costos para la salud.
Existen alrededor de 18 millones de fumadores activos y más de medio millón de personas que abusan de las drogas, de los cuales 280 mil son dependientes severos, así como 3.3 millones de alcohólicos.
Ante este panorama, se construyen estas Unidades de Especialidad Médica, que forman parte de la Estrategia Nacional para Prevención y Tratamiento de las Adicciones, puesta en marcha por el Presidente Felipe Calderón, como una política de Estado, dentro del respeto al Estado de derecho y de la seguridad pública, pues está muy ligado a la delincuencia, el delito, prácticas de riesgo de infecciones como VIH, además de desintegración social.
Cada unidad tiene un costo de 1.6 millones de pesos para construcción y equipamiento, por lo que en total se invertirán 589 millones 972 mil 198 pesos. 98 millones 500 mil son para las primeras 70 unidades del PEF 2007 Ramo 12, asignados al Consejo Nacional contra las Adicciones, y 491 millones 472 mil 198 pesos son para 273 Unidades de la ampliación presupuestal proveniente de recursos decomisados.
La ubicación de cada una de estas unidades se basa en un riguroso estudio del impacto de las adicciones en cada región del país, aunado a que se puedan integrar con otros programas preventivos que llevan a cabo las Secretarías de Educación Pública, de Desarrollo Social y de Seguridad Pública.
Así por ejemplo, se construirán 114 en la zona norte del país: 12 en Baja California, 6 en Baja California Sur, 10 en Chihuahua, siete en Coahuila, cuatro en Durango, seis en Nayarit, 22 en Nuevo León, siete en San Luis Potosí, ocho en Sinaloa, 10 en Sonora, 16 en Tamaulipas y seis en Zacatecas, con una inversión de 178 millones 852 mil 926 pesos.
En la zona centro serán 79: tres en Aguascalientes, tres en Colima, nueve en Guanajuato, tres en Hidalgo, 21 en Jalisco, 30 en el Estado de México, cuatro en Michoacán, seis en Querétaro y 32 en el Distrito Federal, con una inversión de 176 millones 626 mil 242 pesos.
Mientras que 85 en la zona sur: cuatro en Campeche, ocho en Chiapas, 10 en Guerrero, seis en Morelos, siete en Oaxaca, nueve en Puebla, siete en Quintana Roo, siete en Tabasco, cuatro en Tlaxcala y seis en Yucatán, con una inversión de 107 millones 373 mil 95 pesos.
En esta área del sur, en Veracruz, se construirán 17 Unidades de Especialidad Médica, con una inversión total de 26 millones 919 mil 935 pesos, procedentes igualmente del presupuesto regular del CONADIC 2007 y de la ampliación por los recursos decomisados, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, en su Artículo 182-R, que establece que es obligación de la autoridad destinar los bienes decomisados y asegurados por actividades ilícitas y debe ser en terceras partes a la prevención y tratamiento de las adicciones, a la procuración de justicia y a la judicatura.
Por lo anterior y en estricto cumplimiento a esta obligación, los recursos incautados se destinaron proporcionalmente al número de unidades a construir por entidad.
Es así como por primera vez en las últimas dos administraciones se contemplan a las adicciones en la agenda de prioridades.
