
La iniciativa plantea que empresas con más de 50 trabajadores integren personas con discapacidad
Por: Redacción / Fotografía: Cámara de Diputados. Comunicación Social
LaSalud.mx, Ciudad de México, 20 de abril de 2026 .- La diputada Mónica Herrera Villavicencio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer la contratación obligatoria de al menos el 5% de personas con discapacidad en empresas que cuenten con más de 50 trabajadores.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen.
La legisladora señaló que la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del Estado mexicano en materia de igualdad sustantiva y justicia social.
A pesar de que la Constitución prohíbe la discriminación por discapacidad y reconoce el derecho al trabajo digno, advirtió que millones de personas enfrentan barreras persistentes que limitan su acceso al empleo formal.
Explicó que dichas limitaciones no responden a la falta de capacidades, sino a barreras físicas, normativas y actitudinales que perpetúan esquemas de discriminación indirecta.
Herrera Villavicencio recordó que México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento que en su artículo 27 reconoce el derecho a trabajar en igualdad de condiciones dentro de un mercado laboral inclusivo y accesible.
En este sentido, subrayó que el Estado no sólo debe evitar la discriminación, sino también implementar medidas legislativas positivas que corrijan desigualdades históricas y estructurales.
La iniciativa, explicó, se alinea con este compromiso internacional y con el principio de igualdad sustantiva reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Evidencia de desigualdad en el mercado laboral
La diputada expuso que las estadísticas nacionales reflejan una brecha significativa en la participación económica de las personas con discapacidad, la cual es considerablemente menor en comparación con la población sin discapacidad.
Además, quienes logran integrarse al mercado laboral suelen hacerlo en condiciones de informalidad, subempleo o con ingresos inferiores, lo que evidencia un problema estructural en el acceso al trabajo digno.

La propuesta plantea adicionar una fracción XVI Bis al artículo 132 de la ley, con el fin de establecer una obligación clara y verificable para las empresas, superando así el modelo actual que depende en gran medida de la voluntad empresarial.
La legisladora enfatizó que “no se trata de otorgar privilegios, sino de generar condiciones reales para el ejercicio de un derecho humano fundamental”, al referirse a la implementación de cuotas laborales.
Asimismo, destacó que diversos países han adoptado esquemas similares, demostrando que estas políticas no afectan la productividad y, por el contrario, promueven entornos laborales más diversos, innovadores y socialmente responsables.
Hacia un modelo de inclusión basado en derechos
De acuerdo con Mónica Herrera, la reforma fortalece el modelo social de discapacidad al reconocer que la exclusión no radica en la condición individual, sino en las barreras del entorno.
Agregó que la ausencia de mecanismos obligatorios en la legislación ha limitado el impacto de las políticas públicas, manteniendo una brecha histórica en el acceso al empleo formal.
Finalmente, la legisladora subrayó que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia la construcción de un mercado laboral más justo, incluyente y alineado con los principios de dignidad humana y justicia social.
En sus palabras, “cuando la ley no interviene, la exclusión se normaliza”, por lo que insistió en la necesidad de establecer instrumentos jurídicos efectivos que garanticen la igualdad real.
La propuesta busca consolidar un modelo de inclusión laboral basado en la igualdad sustantiva, corrigiendo desigualdades históricas y garantizando el derecho al trabajo digno para todas las personas.
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D.E.
