El PRI en San Lázaro presentó una iniciativa que busca ”blindar” y establecer programas de prevención y protección civil ante ataques de la delincuencia organizada y disturbios que afecten a escuelas y hospitales.
Ante los constantes ataques a hospitales y los casos de ”fuego cruzado” que han afectado a escuelas en la lucha contra la delincuencia organizada, se busca proteger de este tipo de agresiones que han dejado muertos y heridos.
”Las escuelas y planteles estudiantiles se han vuelto puntos sensibles de sufrir las consecuencias directas o indirectas de los ataques y enfrentamientos armados”, indicó en tribuna.
Argumentó que los centros educativos en México, se han visto inmersos en revueltas y confrontaciones de grupos armados con trágicas consecuencias ante la incapacidad y desconocimiento de las acciones a seguir para minimizar riesgos.
”Estudiantes de Nuevo León, Chihuahua, Durango y Sonora, entre otras entidades, han sido víctimas colaterales de esta guerra emprendida”, dijo Saracho Navarro.
De igual manera, los centros de salud, cuya labor por sí misma los pone en riesgo de sufrir ataques directos de los delincuentes, al atender a miembros de las células delictivas.
Indicó que los centros educativos y los centros de salud requieren contar con las medidas adecuadas para hacer frente a las distintas situaciones a que se ven expuestos. Para ello, la mejor herramienta lo constituyen los planes de contingencia ante la posible presencia de disturbios.
Señaló que a través de las medidas de prevención podemos minimizar los riesgos en los centros de salud y educativos, y sus alrededores más próximos, salvaguardando la integridad física y mental de los trabajadores, pacientes, alumnos y personal en general.
”La presente iniciativa con proyecto de decreto propone la elaboración e implementación de planes de contingencia para hacer frente a posibles disturbios que pudieran presentarse principalmente en los centros educativos y de salud, dada la vulnerabilidad de quienes se encuentran en los mismos”.
Ello a fin de que las autoridades federales puedan implementar acciones de respuesta eficaz, que se reflejen en la protección de la población civil respecto de riesgos que pudieran ocasionar amenazas de atentados o ataques, despliegue de las fuerzas de seguridad, terrorismo, interrupción de servicios básicos.
