La reciente aprobación de reformas en las legislaciones de 13 estados de la República para negar el derecho a decidir a las mujeres sobre su cuerpo fue el motivo para que la organización civil Balance, promoción para el desarrollo y juventud, erigiera un proyecto para traer al DF a quienes no deseen continuar su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, y canalizarlas a los servicios de Salud local.
Observar que el acceso a una interrupción legal del embarazo (ILE) al interior de la República resulta cada vez más complicado para las mujeres, motivó a esta organización para crear el Fondo Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), con el fin de apoyar a la mujer que desee recurrir a los servicios de salud del Distrito Federal en materia de consejería, hospedaje, traslado y acceso al procedimiento en hospitales públicos capitalinos.
Eugenia López Uribe, coordinadora general de Balance, platica a NotieSe la necesidad de observar este trabajo como una %u201Cciudadanización de la ILE%u201D, ya que ante la negativa de las autoridades, tanto federales como estatales, de garantizar el derecho a la mujer de decidir libremente sobre su cuerpo, ésta debe saber en qué lugares sí lo puede ejercer.
La situación económica es la principal limitante de las mujeres para viajar a la ciudad de México. A pesar de los avances en la materia, %u201Cse necesita seguir avanzando en el ejercicio de ese derecho%u201D, hasta que se convierta en una garantía nacional, comenta López Uribe.
El Fondo María brinda transporte, hospedaje, cita en el servicio de ILE, pago total o parcial del procedimiento, acompañamiento y consejería, según lo solicite la persona. La prioridad es el atender a las menores de edad, ya que en la mayoría de los casos su embarazo es producto del abuso sexual.
Las operaciones del fondo comenzaron el pasado martes 2 de junio. Se han atendido dos solicitudes de información de mujeres del DF y un acompañamiento para la realización de la ILE a una jalisciense en la Ciudad de México.
El panorama que se vive en el país en torno al respeto de los derechos de la mujer, la equidad social y la incorporación de la visión de género en las políticas públicas, obliga a organizaciones como Balance a defender los espacios en los que las mujeres pueden disfrutar sus derechos. %u201CNosotras decimos que es un problema de justicia social porque es desigual el acceso a los servicios%u201D, concluye Eugenia López.
Human Rights Watch denunció el caso de María, una chica de 19 años del estado de Guanajuato, criminalizada por las autoridades locales tras abortar. La legislación de la entidad impide la realización de la ILE, por lo que María recurrió a la compra clandestina de la %u201Cpastilla del otro día%u201D. Una complicación la llevó a recurrir a los servicios de salud estatales. Fue delatada por los médicos ante las autoridades. Ahora enfrenta un proceso penal. El audio del testimonio está disponible en: http://www.hrw.org/en/audio/2009/02/27/castigada-por-abortar-en-m-xico
