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El impacto de la discriminación por parte de autoridades no beneficia la prevención de la infección por VIH

La discriminación en contra de las trabajadoras sexuales obstaculiza la prevención de la transmisión del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, afirmó el director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, José Antonio Izazola Licea, por lo que la Secretaría de Salud trabaja en el respeto a sus derechos humanos, dignidad y el reconocimiento de que las personas son capaces de actuar responsablemente en lo que respecta a su propia salud y la de los demás.
 
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Trabajadora Sexual este 2 de junio, subrayó que no obstante que la prevalencia promedio de VIH entre las trabajadoras sexuales es menor al 0.5%; se les señala como causa de la epidemia, cuando dicha responsabilidad es compartida con sus clientes.
 
Señaló que desde los inicios de la epidemia, las trabajadoras sexuales han colaborado para prevenir la infección, y conforman uno de los grupos epidemiológicos que primero declinó su tasa de casos nuevos.
 
Advirtió que el impacto de la discriminación y la explotación por parte de autoridades no beneficia la prevención de la infección por VIH ni de otras infecciones de transmisión sexual.
 
Añadió que está demostrado que las zonas de tolerancia y las tarjetas de control sanitario no aseguran la protección de la salud de las trabajadoras sexuales ni de sus clientes, sino que impulsan la corrupción, la extorsión, formas de esclavitud y otras violaciones a los derechos humanos.
 
De acuerdo con la normatividad vigente (Norma  Oficial  Mexicana  para  la  Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-1993, modificada en 1999), en su apartado 6.3.6 especifica que ninguna autoridad puede exigir pruebas de detección del VIH/Sida, sin que presente una orden judicial
 
 
El director general de CENSIDA puntualizó que las estrategias y programas que se basan en la coerción hieren la dignidad humana y violan el principio de respeto de la autonomía individual. Además, la experiencia indica que tales políticas coercitivas son contraproducentes desde el punto de vista de la salud pública.%u201D
 
Sin embargo, persisten en México la discriminación y la exclusión hacia las trabajadoras sexuales, que se manifiestan en conductas en su contra tales como las detenciones arbitrarias, la negación de servicios médicos, la aplicación de pruebas de detección sin consentimiento informado y la violación de la confidencialidad, entre otras, lo que también viola las garantías de sus familias y de sus clientes.
 
Hizo hincapié en que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (CENSIDA), en conjunto con la Coalición Mexicana de Trabajo Sexual en Acción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) manifiestan que el trabajo sexual debe ser reconocido como actividad digna que merece protección contra delitos como la explotación, trata de personas y abusos de la autoridad.
 
Estas instituciones impulsan el reconocimiento del 2 de junio como Día Internacional de la Trabajadora Sexual, en recuerdo de las 150 trabajadoras sexuales que en 1975 ocuparon la iglesia de St. Nizier, en Lyón, Francia, para protestar por la violencia que sufrían consideran que la incorporación de las trabajadoras sexuales en la elaboración de políticas públicas destinadas a la reglamentación y a la protección de sus derechos fundamentales es clave para fortalecer la respuesta ante el VIH/SIDA.
 

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