Activistas exigen intervención de la OMC para lograr reducción de fármacos
Reiteran petición a Calderón para decretar Emergencia Nacional ante la Epidemia
En la lucha contra el sida estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, pues al tener mejores medicamentos para atender a las personas que viven con VIH, el tiempo de vida y de apego a los esquemas de tratamiento se prolonga, lo que implica mayores costos para el sector salud, señaló Kely Rely, experto en precios de antirretrovirales (ARV).
Al participar en el Foro sobre acceso universal en VIH/sida, realizado en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rely apuntó que si bien México y Brasil tienen un desarrollo económico similar, en la nación sudamericana el costo del tratamiento para atacar al virus es cuatro veces menor al registrado en México de 70 mil pesos anuales.
Sobre los mil 587 millones de pesos destinados por el gobierno mexicano para la compra de medicamentos para el presente año, el especialista advirtió que si se carece de un mecanismo de negociación de reducción de precios, %u201Chay que empezar a inquietarnos por la sustentabilidad financiera del programa%u201D.
Al respecto, Patricia Campos, Jefa de la Oficina América Latina de AIDS Healthcare Foundation, -organización civil que realiza cabildeo con las farmacéuticas para reducir los precios de los antirretrovirales-, urgió al gobierno de Felipe Calderón a emitir la Declaración de Emergencia Nacional ante la Epidemia, como un primer paso para que la Organización Mundial de Comercio (OMC) gestione ante los laboratorios la reducción de precios.
En vísperas de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, la cual se realizará en esta ciudad del 3 al 8 de agosto próximos, la doctora Campos subrayó la falta de voluntad política de la administración calderonista para que la OMC garantice en México la calidad de los medicamentos genéricos sin necesidad de violentar las patentes de la industria farmacéutica.
La intervención del organismo mundial, ha hecho posible que los países miembros carentes de capacidad para fabricar medicamentos genéricos por sí mismos, pueden importar versiones de este tipo menos costosas, y eliminar los obstáculos que impiden las exportaciones de productos farmacéuticos fabricados al amparo de licencias obligatorias.
%u201CNingún tratado de libre comercio puede estar por encima de las reglas establecidas por la OMC, en el acuerdo comercial firmado por México, Canadá y Estados Unidos no existe ningún punto que priorice la venta de medicamentos de patente, al contrario, hay uno que menciona que cada país tiene la libertad de decidir lo mejor en materia de salud pública para sus poblaciones%u201D, enfatizó Campos.
La ex titular del Consejo Estatal de Sida de Jalisco, criticó la negativa de la Secretaría de Economía para derogar el requisito de planta estipulado en el artículo 186 del Reglamento de Insumos para la Salud de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que obliga a las empresas que desean exportar sus medicamentos genéricos a México, a establecer una fábrica en el país, %u201Cpues esto encarecería los medicamentos%u201D.
Acusó a la industria farmacéutica de %u201Cpervertir%u201D a los médicos con viajes, becas y congresos para inducir la prescripción de tratamientos más complejos y costosos. %u201CSe trata de un círculo vicioso que debe romperse%u201D.
En el foro participó Griselda Hernández, directora de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), quien indicó que de los 25 ARV manejados por el sector salud, la mayoría aún tiene patente, por lo que sólo pueden adquirirse en los laboratorios.
Destacó que Glaxo Smith Kline, con siete medicamentos, es la farmacéutica con la mayor cantidad de patentes, seguida por Abbot con dos de los más importantes como son Kaletra y Ritonavir, Roche con tres, Bristol Myers con dos, y Stendhal con dos.
Al señalar que la mayor parte del presupuesto del Censida va a parar a las empresas farmacéuticas, por concepto de venta de medicamentos, Hernández atribuyó el hecho a la vigencia de las patentes, la cual en promedio dura 20 años. Aseguró que la utilización de genéricos como la zidovudina y estaduvina, que aunque van de salida por la llegada de ARV más eficaces y con menos efectos indeseables, se debe a que la liberación de sus patentes es reciente.
“La reducción de precios será posible sólo si las instituciones que adquieren fármacos se ponen de acuerdo para presionar a la industria2. Añadió que se consultó a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos -creada en abril pasado-, para incluir a representantes de la sociedad civil, que aunque tendrán voz, carecerán de voto.
Por su parte, Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/sida de la CNDH, informó que desde 1991 ese organismo ha recibido 863 quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de personas que viven con VIH, y que una de cada tres alude a %u201Cnegativas arbitrarias para proporcionar medicamentos antirretrovirales%u201D.
El secretario de Economía, Eduardo Sojo; el diputado federal perredista, Alfonso Suárez; los representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano; y de la Organización Mundial de la Salud, Luis Fernando Padilla, fueron invitados al evento, pero no se presentaron en el lugar.
En la lucha contra el sida estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, pues al tener mejores medicamentos para atender a las personas que viven con VIH, el tiempo de vida y de apego a los esquemas de tratamiento se prolonga, lo que implica mayores costos para el sector salud, señaló Kely Rely, experto en precios de antirretrovirales (ARV).
Al participar en el Foro sobre acceso universal en VIH/sida, realizado en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rely apuntó que si bien México y Brasil tienen un desarrollo económico similar, en la nación sudamericana el costo del tratamiento para atacar al virus es cuatro veces menor al registrado en México de 70 mil pesos anuales.
Sobre los mil 587 millones de pesos destinados por el gobierno mexicano para la compra de medicamentos para el presente año, el especialista advirtió que si se carece de un mecanismo de negociación de reducción de precios, %u201Chay que empezar a inquietarnos por la sustentabilidad financiera del programa%u201D.
Al respecto, Patricia Campos, Jefa de la Oficina América Latina de AIDS Healthcare Foundation, -organización civil que realiza cabildeo con las farmacéuticas para reducir los precios de los antirretrovirales-, urgió al gobierno de Felipe Calderón a emitir la Declaración de Emergencia Nacional ante la Epidemia, como un primer paso para que la Organización Mundial de Comercio (OMC) gestione ante los laboratorios la reducción de precios.
En vísperas de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, la cual se realizará en esta ciudad del 3 al 8 de agosto próximos, la doctora Campos subrayó la falta de voluntad política de la administración calderonista para que la OMC garantice en México la calidad de los medicamentos genéricos sin necesidad de violentar las patentes de la industria farmacéutica.
La intervención del organismo mundial, ha hecho posible que los países miembros carentes de capacidad para fabricar medicamentos genéricos por sí mismos, pueden importar versiones de este tipo menos costosas, y eliminar los obstáculos que impiden las exportaciones de productos farmacéuticos fabricados al amparo de licencias obligatorias.
%u201CNingún tratado de libre comercio puede estar por encima de las reglas establecidas por la OMC, en el acuerdo comercial firmado por México, Canadá y Estados Unidos no existe ningún punto que priorice la venta de medicamentos de patente, al contrario, hay uno que menciona que cada país tiene la libertad de decidir lo mejor en materia de salud pública para sus poblaciones%u201D, enfatizó Campos.
La ex titular del Consejo Estatal de Sida de Jalisco, criticó la negativa de la Secretaría de Economía para derogar el requisito de planta estipulado en el artículo 186 del Reglamento de Insumos para la Salud de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que obliga a las empresas que desean exportar sus medicamentos genéricos a México, a establecer una fábrica en el país, %u201Cpues esto encarecería los medicamentos%u201D.
Acusó a la industria farmacéutica de %u201Cpervertir%u201D a los médicos con viajes, becas y congresos para inducir la prescripción de tratamientos más complejos y costosos. %u201CSe trata de un círculo vicioso que debe romperse%u201D.
En el foro participó Griselda Hernández, directora de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), quien indicó que de los 25 ARV manejados por el sector salud, la mayoría aún tiene patente, por lo que sólo pueden adquirirse en los laboratorios.
Destacó que Glaxo Smith Kline, con siete medicamentos, es la farmacéutica con la mayor cantidad de patentes, seguida por Abbot con dos de los más importantes como son Kaletra y Ritonavir, Roche con tres, Bristol Myers con dos, y Stendhal con dos.
Al señalar que la mayor parte del presupuesto del Censida va a parar a las empresas farmacéuticas, por concepto de venta de medicamentos, Hernández atribuyó el hecho a la vigencia de las patentes, la cual en promedio dura 20 años. Aseguró que la utilización de genéricos como la zidovudina y estaduvina, que aunque van de salida por la llegada de ARV más eficaces y con menos efectos indeseables, se debe a que la liberación de sus patentes es reciente.
“La reducción de precios será posible sólo si las instituciones que adquieren fármacos se ponen de acuerdo para presionar a la industria2. Añadió que se consultó a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos -creada en abril pasado-, para incluir a representantes de la sociedad civil, que aunque tendrán voz, carecerán de voto.
Por su parte, Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/sida de la CNDH, informó que desde 1991 ese organismo ha recibido 863 quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de personas que viven con VIH, y que una de cada tres alude a %u201Cnegativas arbitrarias para proporcionar medicamentos antirretrovirales%u201D.
El secretario de Economía, Eduardo Sojo; el diputado federal perredista, Alfonso Suárez; los representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano; y de la Organización Mundial de la Salud, Luis Fernando Padilla, fueron invitados al evento, pero no se presentaron en el lugar.
