La tradición católica de dar regalos a niñas y niños el 6 de enero, día de los Reyes Magos, es siempre una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la infancia en el país, más allá de la parafernalia mercadológica que centra esa festividad en el consumo y que deja ganancias millonarias para las empresas productoras de juguetes, ropa y tecnología, pero no necesariamente para la vida de sus consumidores.
Desde la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) en México consideramos que esta fecha, por ser una de las primeras actividades anuales en que niñas y niños son noticia, permiten hacer un llamado a las autoridades de los ámbitos local, estatal y federal a fortalecer las políticas públicas que protejan y defiendan sus derechos. En particular deseamos llamar la atención sobre diversas deudas pendientes en materia de justicia y seguridad humana que no han sido resueltas y que derivan del año recién finalizado:
%u2022 Sin aparecer al menos 25 niñas y niños secuestrados en 3 entidades del país, por miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada, en el caso conocido como Casitas del Sur. A pesar de los avances en las investigaciones y la detención de al menos 4 personas involucradas, así como el reciente auto de formal prisión de Ignacio Juárez Escamilla, líder de esta secta. A un año de que se hiciera público este caso asentado en actas desde 2008, ninguna de las niñas y niños han aparecido: 11 secuestrados en la Ciudad de México, 3 en Monterrey y al menos otros 11 en Cancún; las autoridades no han dado cuentas de la operación de otros albergues y escuelas a manos de esta secta en al menos otros 5 estados más del país. Al respecto, ya la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 4/2009 en la que establece 25 recomendaciones dirigidas a Procuraduría General de Justicia del DF, el DIF-DF y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) local, mismas que deberían de dar cuentas de las acciones ya emprendidas al respecto. A pesar del escándalo no se ha fortalecido una política del sistema de albergues públicos y privados, que incluyan lo establecido en la recomendación emitida por la CDHDF, así como las medidas adecuadas de supervisión y seguimiento en todo el país.
%u2022 Ningún consignado por los 49 niñas y niños muertos en la Guardaría ABC, en Hermosillo Sonora. Mientras padres, madres y familiares de quienes fallecieron en esta terrible tragedia mantienen una huelga de hambre desde el pasado 24 de diciembre, como un llamado a que se haga justicia, de 30 indiciados por el caso, no existen detenidos y el tiempo ha operado a favor no sólo de los dueños de la guardería sino de las autoridades encargadas de inspeccionar la calidad de las instalaciones. Por otro lado, no se ha procedido en contra de altas autoridades relacionadas con la subrogación de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni se ha diseñado una política para mejorar la calidad de estos servicios, mientras que, por el contrario, el temor a sanciones ha derivado en un cierre de guarderías en afectación de quienes a estas asisten. El presidente de la República ha guardado silencio respecto de la petición de familiares de visitar el estado para este caso en particular. La REDIM manifiesta su solidaridad con padres y madres de niñas y niños fallecidos.
%u2022 Impunidad en el caso de 12 adolescentes y jóvenes fallecidos en 2008 en el News Divine; un caso que ha mostrado una forma de pensar y proceder que criminaliza a poblaciones de estratos sociales empobrecidos y en donde funcionarios de alto nivel fueron exculpados en un entorno en donde familiares de las víctimas habían recibido amenazas y en el que al menos 9 recomendaciones de las 34 emitidas por la CDHDF al respecto, y que implican las modificaciones más profundas a las políticas de seguridad pública, no han sido atendidas aún.
%u2022 Prácticas de esclavitud, explotación y secuestro a adolescentes y adultos en anexos. El caso conocido como %u201CLos Elegidos de Dios%u201D denunciado desde el mes de mayo de 2009 mostró que, si bien las autoridades del DF, finalmente actuaron para rescatar a 105 personas de ese anexo, la situación es parte de políticas de limpieza social que no sólo ocurren en la capital del país. Más allá de las personas detenidas, no se han logrado deslindar las responsabilidades de autoridades locales y las empresas privadas implicadas en la maquila de productos en estos sitios y no han dado una respuesta pública a los señalamientos que mencionan su complicidad con las condiciones de explotación y esclavitud. En este sentido reiteramos demandas como la de exigir que se realice una investigación imparcial y exhaustiva que permita identificar la posible complicidad de servidores públicos del GDF y de otras instituciones y entidades para el castigo de quienes han delinquido en la trata de personas y que se ha evidenciado en distintas denuncias.
%u2022 Más de 110 niñas y niños que van desde los dos meses de nacidos hasta los 16 años de edad que han sido muertos de manera fortuita en el fuego cruzado entre bandas rivales o de los cárteles con la policía entre diciembre de 2006 y marzo de 2009, de acuerdo a los propios reportes militares, que no dan cuenta de los ocurridos después de esa fecha. El caso más reciente es el de la niña Elizabeth Martínez Medrano, de un año y cinco meses de edad, por disparos que, de acuerdo a reportes periodísticos fueron realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en un retén militar en la carretera Reynosa-Rio Bravo del estado de Tamaulipas el pasado 27 de diciembre. La situación cuestiona el impacto de las políticas de seguridad en la infancia, pero también en la urgencia de atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco del 23 de noviembre de 2009, en particular el que señala que el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
%u2022 10 por ciento de las muertes de niñas y niños ocurren por arma de fuego. Según estudios de las autoridades federales, hay más de 15 millones de armas ilegales que circulan en las 32 entidades. En 2008 el decomiso de armas fue de sólo 20 mil 915, cuando se reporta que diariamente ingresan 2 mil de manera ilegal. Niñas y niños padecen directamente la violencia, pero están también creciendo en un entorno en donde ésta se naturaliza y justifica como forma de resolución de conflictos y desde las políticas públicas y diversos medios. Es necesario por ello, el diseño e implementación de políticas públicas que alienten la cultura de la no violencia, en el marco de una cultura de paz y respeto a la dignidad humana. En el Día de Reyes es necesario fortalecer el consumo de juguetes no bélicos ni violentos.
%u2022 Crisis económica y aumento de precios, severo impacto en la infancia. Diversos especialistas advierten que no sólo la crisis económica, sino las políticas fiscales con las que ha dado inicio el 2010 con alzas en los precios, tendrán un impacto negativo en la capacidad de los grupos familiares de garantizar los satisfactores necesarios para la crianza y educación de sus niñas y niños. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2009 mostraba que antes de la crisis niños y niñas en México crecían en familias con ingresos medios muy bajos, en comparación con otros países de la OCDE. 22 por ciento de los niños mexicanos crece en la pobreza relativa, superando sólo a Turquía en este respecto pero manteniéndose muy por debajo del promedio de 12.4 por ciento de la OCDE. El ahora secretario de Hacienda, el pasado mes de octubre, como titular de la SEDESOL, señaló que la mitad de la población en pobreza alimentaria son personas menores de 18 años; es decir, casi 9 millones 800 mil niñas y niños. Estudios internacionales señalan que en un contexto así, las más afectadas son las niñas. En ese sentido la REDIM demanda que, en la línea de las recomendaciones del Día de Debate General sobre %u201CRecursos para los Derechos del Niño, Responsabilidad de los Estados%u201D del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, de 2007, haga de la niñez una prioridad en las asignaciones presupuestarias como una forma de asegurar el máximo retorno posible de los limitados recursos disponibles, así como hacer visible a la inversión en los niñas, niños y adolescentes en el presupuesto estatal a través de compilaciones detalladas de los recursos asignados a ella.
