Familiares de las víctimas buscaron justicia y encontraron obstáculos en Derechos Humanos Estatal y la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 23/2008 dirigida al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por el caso de tres menores de cuatro años de edad que fueron víctimas de presuntas agresiones sexuales en un colegio particular de Villa de Etla.
Los familiares de las víctimas encontraron obstáculos, tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales de dicho estado, informó el ombudsman nacional.
En su Recomendación, la CNDH solicita al gobernador de Oaxaca, a la brevedad, se garantice a los menores y a sus familiares una reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica; se brinde auxilio a víctimas y testigos de los hechos y se adopten medidas para evitar represalias; se dé vista la Órgano Interno de Control de la procuraduría estatal para que investigue a las autoridades ministeriales y se dé vista a la representación social para el ejercicio de sus atribuciones, entre otras medidas.
El ombudsman nacional indicó que las madres de familia notaron cambios en las conductas de los menores, así como muestras físicas de maltrato, golpes y abusos, por lo que acudieron con pediatras y psicólogas que, mediante juegos, dibujos y terapias diversas identificaron las agresiones que sufrieron los menores, las cuales no han tenido la acción oportuna de las autoridades.
El pasado 4 de enero esta Comisión Nacional recibió un Punto de Acuerdo aprobado en esa fecha, relacionado con este caso que fue denunciado públicamente, el cual trascendió el interés de esa entidad federativa e incidió en la opinión pública nacional.
El 11 de ese mes este Organismo nacional %u2013con base en sus atribuciones legales%u2014 ejerció la facultad de atracción para conocer de esos hechos acerca de los cuales las madres de los menores agraviados manifestaron haber recibido amenazas. Esta Comisión Nacional solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y la de sus familiares, autoridad que aceptó dicho requerimiento.
Entre las evidencias con que cuenta la CNDH , se destaca la averiguación previa que se sigue en contra de los probables responsables por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de corrupción de menores, lo cual nos permite observar que se vulneró la integridad física y psicológica de los menores.
Otros elementos con los que cuenta este Organismo Nacional son el certificados expedidos por médicos particulares, el dictamen psicológico, del fecha 12 de abril de 2007, suscrito por un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, en que refiere el daño emocional que se ocasionó a un menor por los hechos cometidos en su agravio, así como una constancia, de fecha 10 de julio de 2007, suscrita por un psicólogo particular, en que se precisó que uno de los menores presentaba indicadores emocionales y conductuales de un abuso sexual.
También se cuenta con un certificado médico, de fecha 11 de julio de 2007, suscrito por un médico particular, en el que se precisan las lesiones de uno de los menores, y el dictamen psicológico, del 20 de julio, firmado por un perito de la procuraduría estatal, que refiere el daño emocional que se ocasionó a otro de los pequeños, además de la opinión técnica, del 24 de enero de 2008, emitida por personal del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH , en el que se determinó el daño emocional que se causó a los tres menores con motivo de los hechos cometidos en su agravio.
Para esta Comisión Nacional es de gran importancia la garantía y el respeto a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente los menores que difícilmente pueden protegerse y cuidarse por sí mismos de actos o ataques contra su desarrollo integral, su dignidad personal y su integridad física, psíquica y social, como aconteció en este caso.
Además este Organismo nacional reconoce la necesidad de que se adopten las medidas de carácter interdisciplinario, en las que se involucren el Instituto Estatal de Educación Pública y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en campañas de prevención del abuso sexual, debido a que gran parte de ellos permanecen impunes al no ser denunciados por los graves problemas que conllevan.
Es preocupación de la CNDH el grave problema de la laxitud en el cumplimiento de la ley y la limitada sensibilidad del personal encargado de la aplicación de la misma, lo que se convierte en una nueva victimización de los menores y sus familias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 23/2008 dirigida al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por el caso de tres menores de cuatro años de edad que fueron víctimas de presuntas agresiones sexuales en un colegio particular de Villa de Etla.
Los familiares de las víctimas encontraron obstáculos, tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales de dicho estado, informó el ombudsman nacional.
En su Recomendación, la CNDH solicita al gobernador de Oaxaca, a la brevedad, se garantice a los menores y a sus familiares una reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica; se brinde auxilio a víctimas y testigos de los hechos y se adopten medidas para evitar represalias; se dé vista la Órgano Interno de Control de la procuraduría estatal para que investigue a las autoridades ministeriales y se dé vista a la representación social para el ejercicio de sus atribuciones, entre otras medidas.
El ombudsman nacional indicó que las madres de familia notaron cambios en las conductas de los menores, así como muestras físicas de maltrato, golpes y abusos, por lo que acudieron con pediatras y psicólogas que, mediante juegos, dibujos y terapias diversas identificaron las agresiones que sufrieron los menores, las cuales no han tenido la acción oportuna de las autoridades.
El pasado 4 de enero esta Comisión Nacional recibió un Punto de Acuerdo aprobado en esa fecha, relacionado con este caso que fue denunciado públicamente, el cual trascendió el interés de esa entidad federativa e incidió en la opinión pública nacional.
El 11 de ese mes este Organismo nacional %u2013con base en sus atribuciones legales%u2014 ejerció la facultad de atracción para conocer de esos hechos acerca de los cuales las madres de los menores agraviados manifestaron haber recibido amenazas. Esta Comisión Nacional solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y la de sus familiares, autoridad que aceptó dicho requerimiento.
Entre las evidencias con que cuenta la CNDH , se destaca la averiguación previa que se sigue en contra de los probables responsables por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de corrupción de menores, lo cual nos permite observar que se vulneró la integridad física y psicológica de los menores.
Otros elementos con los que cuenta este Organismo Nacional son el certificados expedidos por médicos particulares, el dictamen psicológico, del fecha 12 de abril de 2007, suscrito por un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, en que refiere el daño emocional que se ocasionó a un menor por los hechos cometidos en su agravio, así como una constancia, de fecha 10 de julio de 2007, suscrita por un psicólogo particular, en que se precisó que uno de los menores presentaba indicadores emocionales y conductuales de un abuso sexual.
También se cuenta con un certificado médico, de fecha 11 de julio de 2007, suscrito por un médico particular, en el que se precisan las lesiones de uno de los menores, y el dictamen psicológico, del 20 de julio, firmado por un perito de la procuraduría estatal, que refiere el daño emocional que se ocasionó a otro de los pequeños, además de la opinión técnica, del 24 de enero de 2008, emitida por personal del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH , en el que se determinó el daño emocional que se causó a los tres menores con motivo de los hechos cometidos en su agravio.
Para esta Comisión Nacional es de gran importancia la garantía y el respeto a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente los menores que difícilmente pueden protegerse y cuidarse por sí mismos de actos o ataques contra su desarrollo integral, su dignidad personal y su integridad física, psíquica y social, como aconteció en este caso.
Además este Organismo nacional reconoce la necesidad de que se adopten las medidas de carácter interdisciplinario, en las que se involucren el Instituto Estatal de Educación Pública y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en campañas de prevención del abuso sexual, debido a que gran parte de ellos permanecen impunes al no ser denunciados por los graves problemas que conllevan.
Es preocupación de la CNDH el grave problema de la laxitud en el cumplimiento de la ley y la limitada sensibilidad del personal encargado de la aplicación de la misma, lo que se convierte en una nueva victimización de los menores y sus familias.
