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Afinan guía bioética por la pandemia en Argentina

La pandemia continúa poniendo a prueba la capacidad de los sistemas de salud en todo el mundo y el aumento exponencial de casos, sumado a las deficiencias en muchos países, llevó a situaciones en las que fue necesario tomar decisiones sobre quiénes recibirían un recurso vital escaso y quiénes no. Esta problemática no es nueva y en algunas áreas de la medicina es un dilema permanente que debe someterse a protocolos de acción, como sucede con los órganos para trasplante. Sin embargo, en contexto de pandemia, estas situaciones pueden darse de forma más radical, por lo que es importante contar con protocolos de asignación de recursos para el caso en que sean necesarios.

Con ese objetivo, investigadores del CONICET, FLACSO y otras instituciones elaboraron una guía de recomendaciones como insumo para la discusión y confección de un protocolo para las instituciones de salud en Argentina. Esta propuesta refiere especialmente a la asignación de los recursos terapéuticos que más probablemente estén en juego por el COVID-19, como respiradores y camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero también podrían adaptarse a otros recursos escasos, como personal de salud altamente calificado y dosis de drogas terapéuticas que pudieran aparecer en el futuro.


“Actualmente, no hay un protocolo nacional que sea mandatorio en Argentina. El Ministerio de Salud elaboró unas guías que nosotros tuvimos en cuenta para hacer las recomendaciones. La idea es que nuestro documento sea un insumo más para ese debate. De todos modos, sería bueno que desde el Estado se elaborase un protocolo único para todas las instituciones, para garantizar la justicia, imparcialidad y transparencia en las decisiones. Ojalá no haga falta usarlo y solo quede en una discusión teórica, pero es bueno estar preparados”, le dijo a TSS Sol Terlizzi, investigadora de FLACSO e integrante del grupo que trabajó en la guía de recomendaciones.


El equipo está conformado por once investigadores que se enmarcan en el área de la bioética y provienen de diversas disciplinas, como filosofía, derecho y medicina. Si bien había cierta afinidad entre quienes se conocían de trabajos anteriores, el grupo se formó específicamente para la elaboración del documento a partir de la convocatoria de Eduardo Rivera López, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF–SADAF/CONICET).


En mayo pasado comenzaron a reunirse semanalmente de forma virtual para discutir y consensuar qué criterios podrían utilizarse para la asignación de recursos sanitarios escasos. “Nos gustó mucho la experiencia y tenemos ganas de continuar. El tema del COVID es sumamente importante para la bioética, especialmente en lo que refiere a la distribución de recursos”, explicó Terlizzi.


Los investigadores denominan “decisiones de triaje” a aquellas en las que debe determinarse la asignación de un recurso sanitario potencialmente salvador cuya disponibilidad no es suficiente para todos los pacientes. Un elemento clave para pensar un marco de respaldo para este tipo de decisiones es el tiempo. En países donde apareció la pandemia en primer lugar, como China, España e Italia, hubo que elaborar protocolos sobre la marcha. En América Latina, en cambio, si bien hubo un poco más de tiempo, eso no evitó que algunos sistemas de salud colapsaran igual. “En México habían hecho un primer protocolo que fue muy criticado porque incluía la edad como criterio independiente. Después lo reformularon y terminaron haciendo una versión matizada”, explicó la investigadora.


La importancia de contar con protocolos discutidos de forma pública y participativa también radica en que crea una protección jurídica para las y los profesionales de la salud que deben tomar decisiones en situaciones extremas que, en algunos casos, podrían llegar a tener alguna implicancia penal. “Tener un marco para la toma de decisiones otorgaría una cierta tranquilidad y respaldo. Pero, además de la cuestión de la sanción, está la angustia moral que supone tener que decidir a quién darle un respirador y a quién no. El tener un protocolo no elimina esa angustia pero al menos permite saber que hay un otro, que nosotros proponemos que sea un comité especial”, dijo Terlizzi.


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En ese sentido, los investigadores proponen que el comité se forme con personal de la institución que no tenga contacto directo con los pacientes que sean posibles candidatos para tener esos recursos. Este comité debería conformarse garantizando diversidad en materia de disciplinas, género y edad. De esta manera, los profesionales de la salud involucrados en la atención de los pacientes realizarían una evaluación clínica y entregarían los informes al comité. Éstos, sin conocer la identidad de los mismos, deberían decidir la asignación de los recursos y realizar un monitoreo constante para evaluar los cambios en el estado de salud de los pacientes.

Las decisiones del comité de triaje deben quedar asentadas en las historias clínicas y darse a conocer a los pacientes y/o sus familiares o representantes.


Para determinar esa asignación, los investigadores proponen tomar como principio fundamental el de maximizar la cantidad de vidas salvadas. “Este principio se usa en la mayoría de los documentos que revisamos y también coincidimos a partir de nuestra experiencia. La cuestión era si iba a ser el único o si iba a haber un conjunto de principios que lo limitaran o compensaran para que sea lo más justo posible, así que decidimos analizar una serie de principios alternativos a tener en cuenta”, afirmó Terlizzi.


Una vía que desestimaron rápidamente fue el sistema de puntaje, en el que se ponderan parámetros como expectativa de vida a corto y largo plazo, y la edad. En este último caso, solo se recomienda como criterio de desempate entre pacientes geriátricos y pacientes pediátricos, fundamentado en una diferencia muy significativa entre la expectativa de vida a largo plazo.

También contemplaron si era mejor usar el criterio de orden de llegada o recurrir a un método aleatorio (sorteo), ante lo cual consideraron que es preferible la segunda opción.


Otro principio que analizaron fue el de vulnerabilidad social, que refiere a que personas en situación de pobreza, minorías de género, pueblos originarios, entre otros grupos, suelen ser más propensos a tener patologías previas por falta de acceso a la salud. Por ello, se podría considerar que deberían ser, de algún modo, compensadas garantizándoles algún grado de prioridad en la asignación de recursos escasos. Sin embargo, consideraron que, si bien el Estado debe hacerse cargo de reducir las diferentes vulnerabilidades, puestos ya en la situación extrema de asignación de recursos, el principio de igualdad de todas las vidas debe prevalecer.


“Uno de los principios más discutidos fue el del valor social. Decidimos desestimarlo porque no sería un trato igualitario priorizar una vida sobre otra. Sin embargo, sí ofrecemos algunas alternativas que contemplen prioridad para el personal de salud, debido a su exposición y participación en la lucha contra el coronavirus. Para eso, manejamos el argumento instrumental, sobre todo porque el personal de salud es escaso y su recuperación implica la posibilidad de atender a más pacientes. De todos modos, sigue siendo difícil delimitar quiénes serían los beneficiarios. Por ejemplo, ¿debería incluirse también otro tipo de personal esencial, como personal de limpieza de los hospitales, bomberos, trabajadores de supermercados? Es un tema a debatir”, dijo la especialista.


Los investigadores clasificaron las decisiones en dos grandes grupos: las de asignación de recursos, por un lado, y las de reasignación, por el otro. Este segundo grupo implica un asunto más controvertido, que es retirar el recurso de un paciente para asignárselo a otro. A su vez, plantean una clasificación estándar en tres tipos de pacientes, divididos en grupos de colores, de mayor a menor prioridad: rojo, amarillo y azul. Todos necesitan el recurso sanitario para poder salir del cuadro agudo por COVID-19, pero la diferencia es que el grupo rojo tiene una alta probabilidad de sobrevida con ese recurso, mientras que en el grupo amarillo la probabilidad es un poco menor y en el azul es muy baja.


La investigadora espera que el documento sirva para seguir discutiendo estas cuestiones y, de ser posible, sea una guía para la elaboración de un protocolo nacional. “Personalmente, creo que también es importante que haya una voluntad política de ir hacia un mismo lugar y discutir algo conjunto que sirva para todos. Otra posibilidad es que se tome como un protocolo para una institución. En cualquier caso, esperamos que sea una herramienta útil que aporte a la discusión pública, democrática y, en particular, a facilitar el trabajo de los que todos los días están poniendo el cuerpo para combatir la pandemia”, finalizó Terlizzi.


Información de Agencia TSS

SGR

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Acerca Redacción

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