Por votación unánime, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Adriana Manzanares Cayetano, indígena sentenciada a 22 años de prisión por dar a luz un bebé que murió al nacer y que era considerado por los habitantes de Ayutla de los Libres, Guerrero producto de una infidelidad. Como consecuencia de la sentencia, la implicada salió libre tras haber pasado siete años en prisión.
La Sala conformada por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero determinó que en el proceso de la joven indígena guerrerense, de origen tlapaneca, hubo irregularidades como la ausencia de un intérprete que conociera su lengua y entendiera su cultura y cosmovisión.
Asimismo, los ministros determinaron que la sentencia adolecía de suficiencia probatoria, tanto en lo que hace a la comisión del delito, como a la responsabilidad del mismo.
Para el abogado, Javier Cruz Angulo, titular de la Clínica Jurídica del Centro de Investigación y Docencia Económicas y defensor de Manzanares Cayetano, la sentencia de la Corte mostró que los usos y costumbres no pueden esta por encima de los derechos humanos y dio un claro mensaje hacia los tribunales inferiores de como tratar los casos en materia de género.
El también docente consideró necesario hacer llegar más casos que involucren la perspectiva de género para que la Corte siga construyendo derechos.
Su delito ser mujer
El delito de Adriana fue ser mujer, indígena, rural y pobre, señaló Verónica Cruz de la organización civil Las Libres al comentar que el juicio hacia Adriana no tiene como origen el aborto o incluso la sentencia de homicidio por razón de parentesco, sino que fueron los criterios morales católicos de los ministerios públicos que juzgan la infidelidad de las mujeres, los que la llevaron a la cárcel.
En charla con los medios, la activista explicó que Adriana estaba casada y tuvo relaciones sexuales con otro hombre mientras su marido estaba en los Estados Unidos, lo cual le trajo como consecuencia un embarazo. Sin embargo, agregó, al séptimo mes tuvo un aborto espontáneo y su hijo murió, lo que provocó que la comunidad guerrerense donde vivía pensara que quería ocultar su embarazo.
En su caso particular, añadió, Adriana también fue víctima de violencia ya que su esposo la golpeaba a pesar de saber que esperaba un bebé y después la regresó a la casa de sus padres, donde también sufrió de golpes por parte de su progenitor.
Por esta razón, indicó, no podrá regresar a su comunidad debido a que fue su propio padre quien la enjuició junto con el comisariado ejidal y fue su propio tío quien fungió como traductor antes las autoridades por que ella desconocía el español.
Para la activista guanajuatense, el tema de fondo es que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y el Estado debe garantizar los servicios de salud. “La maternidad se ha divinizado en este país pero ni siquiera en procesos de gestación el Estado puede garantizar servicios de salud de calidad”, aseveró.
En casos como el de Adriana, mencionó, no se tiene la certeza de que las mujeres quisieron abortar, en realidad, son accidentes propios de su vida de marginación, de no saber si estaban o no embarazadas, de desconocer cuando inicio su período de gestación o a dónde acudir cuando se presenta un embarazo.
Ante esta situación, consideró que lo más importante es recalcar que el Estado debe garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y que tengan derecho a ejercer su sexualidad y a decidir si quieren o no ser madres.
Sobre otros casos similares en la entidad, Cruz afirmó que este fue el último ya que el año pasado salió de la cárcel, Virginia, quien fue recluida en Tlapa. Sin embargo, reconoció que aún restan 157 casos por resolver en diferentes entidades de la República como Yucatán, Aguascalientes, Baja California y Tamaulipas, entre otras.
