- Seriamente comprometidos proyectos en Tuberculosis, Alzheimer, Parkinson y diabetes tipo 2 entre otros
El congelamiento de aproximadamente 2.2 mil millones de dólares en fondos federales —incluidos más de 60 millones en contratos activos con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)— representa una amenaza directa a múltiples programas de salud pública, investigación biomédica y educación médica avanzada en Harvard.
Uno de los casos más alarmantes es el de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, cuya operación depende en gran medida del financiamiento federal. Cerca del 46% de su presupuesto proviene de subvenciones gubernamentales, destinadas a investigaciones que abarcan desde enfermedades infecciosas hasta salud ambiental y políticas de salud global.
Entre los programas más afectados se encuentra el laboratorio de la Dra. Sarah Fortune, dedicado a investigaciones sobre tuberculosis, una enfermedad que aún representa una carga significativa en países de ingresos bajos y medios. Ante la suspensión de fondos, la Dra. Fortune advirtió que su equipo podría verse obligado a eutanasiar monos de laboratorio utilizados en modelos preclínicos, lo que significaría no solo una pérdida científica, sino también un retraso crítico en el desarrollo de nuevas terapias.
Asimismo, se verían comprometidos proyectos que abordan enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2, así como estudios innovadores en genómica, vacunas, y salud mental. Las restricciones también afectarían programas de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas dirigidos a poblaciones vulnerables, tanto en Estados Unidos como en América Latina.
Además del impacto inmediato en la ciencia médica, la congelación de recursos amenaza con detener la formación de nuevos profesionales de la salud, becarios postdoctorales e investigadores que dependen de estas becas para su desarrollo académico y profesional.
Esta situación no solo debilita el avance científico en salud, sino que pone en riesgo colaboraciones internacionales, como las que Harvard sostiene con instituciones latinoamericanas en materia de epidemiología, cambio climático y enfermedades emergentes.
Finalmente, esta disputa entre el gobierno federal y una de las universidades más prestigiosas del mundo plantea un dilema ético y constitucional: ¿puede el poder ejecutivo condicionar el pensamiento libre y la investigación científica al financiamiento federal? Y más aún: ¿puede una nación permitirse politizar la salud pública en un momento en que el mundo demanda más ciencia, más verdad y más cooperación?
